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Los días 17 y 18 de septiembre se realizó la 2ª Conferencia Latinoamericana sobre Derechos Humanos y Empresas, actividad organizada por Global Business and Human Rights Scholars Association junto al Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterey de México, evento que llevó a cabo a través de la plataforma Zoom.
La docente de la carrera de Derecho de la Universidad Viña de Mar (UVM), Sascha´s Jury, quien participó de la iniciativa representó a Chile en el primer panel denominado “La prevención de los impactos de las empresas sobre derechos humanos”, en la cual expuso temáticas relativas al compliance como mecanismo de protección de los derechos humanos ante las actividades empresariales.
Al respecto, la académica señaló que “me siento muy agradecida y honrada de haber podido representar a nuestro país en tan magno evento, el cual reunió a algunos de los mejores especialistas en la temática de empresas y derechos humanos a nivel Latinoamericano. Sin duda, a nivel regional tenemos un gran desafío por delante, pero estas actividades contribuyen a la reflexión y difusión de la necesidad de que las empresas, como unidad básica de la economía, desarrollen un comportamiento socialmente responsable”.
Según los organizadores esta instancia busca generar un espacio de reflexión regional sobre los grandes desafíos a los que se enfrentan los Estados, las empresas y las víctimas para lograr una verdadera protección, respeto y garantía de los derechos humanos, así como profundizar, mediante el diálogo, la forma de plantear soluciones efectivas para lograr una conducta empresarial responsable y respetuosa de los derechos humanos en el siglo XXI.
En este sentido, Sascha´s indica que “durante los últimos quince años este tema se ha tomado la agenda, especialmente en el ámbito internacional porque en el caso de América Latina- como región- existe mayor interés de las empresas dada los recursos naturales que posee, eso sumado a la mano de obra más económica y las posturas gubernamentales que dice relación con la llegada de inversión a los países”.
Además, agrega que “lo anterior se potencia con la protección jurídica que gozan algunas empresas con operaciones transnacionales y que han sido de conocimiento público, dado los tratados bilaterales de inversión, pero que a la fecha no ha sido posible establecer normas que les impongan obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos, por lo que aún está pendiente ese aspecto”, concluyó.
