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En las últimas semanas hemos sido testigos de un interesante debate legislativo en razón al “proyecto estatuto laboral para jóvenes” propuesto por el Ministerio del Trabajo. Al respecto y desde el mundo universitario nos parece una iniciativa que busca mejorar las opciones de nuestros estudiantes que quieran compatibilizar vía estudiantil e interacción laboral, donde reconocemos algunos principios que compartimos desde el proceso de formación.
En materia de combatir el desempleo en jóvenes de sectores vulnerables y sectores medios, este modelo propuesto se hace cargo no solo de tasas de desempleo, sino además de la informalidad en el actual ejercicio laboral de nuestros jóvenes, como así también- en una perspectiva de largo plazo- pone la mirada en el sistema de pensiones de nuestro país al incentivar el trabajo formal a temprana edad con las externalidades positivas que esto induce.
Al consignar exclusivamente a jóvenes estudiantes de Educación Superior, la accesibilidad y mantención de beneficios sociales no se vería afectada con los potenciales nuevos ingresos. Esto va generando espacios para que puedan incorporarse desde procesos de temprana formación al mundo laboral, en una modalidad dual que reúne ambos aspectos mediante instrumentos e incentivos laborales simultáneos desde las políticas públicas.
Por su parte, en materia de flexibilidad y coberturas- que proveen de bienestar a nuestros jóvenes- la no exclusión del sistema de carga familiar, es decir el evitar la cotización de salud por parte del estudiante trabajador o trabajadora, aseguraría que estos ingresos fuesen en directo beneficio de la persona, fortaleciendo así sus opciones en virtud al esfuerzo personal sin perder derechos adquiridos.
En otra perspectiva de análisis, si analizamos los datos de Casen 2015, un 47% de la población entre 18 y 28 años, que son parte de la fuerza laboral y no estudian en la educación superior (727.243 personas), declara que la principal razón por la cual no asiste actualmente a algún establecimiento educacional es porque “trabaja o busca trabajo”. Esta cifra muestra que, eventualmente, esta política iría en beneficio de un número importante de jóvenes que hoy no están en el sistema de educación superior, y que potencialmente podrían visualizar escenarios de acceso relajando algunas restricciones que les permitan conciliar trabajo y estudio.
En el entendido que es un proyecto que está en tramitación, hacemos un llamado a fortalecer aún más esta iniciativa con un marco regulatorio que evite distorsiones desde la perspectiva del empleador en detrimento de otros sectores o grupos. En razón a esto, esperamos que esta iniciativa logre un equilibro necesario entre distintos grupos de jóvenes vulnerables, abordando en el debate a aquellos que hoy no se encuentran trabajando ni estudiando.
Rector UVM, Carlos Isaac Pályi