Noticias y Actividades
Una investigación periodística tuvo como resultado la difusión de dos operaciones de espionaje, generando diversas reacciones e instalando el debate en comisiones de la Cámara.
Un principio de la ley N°19.974 es disponer de medidas para neutralizar acciones que atenten contra la seguridad nacional. Los procedimientos especiales “estarán limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, crimen organizado y el narcotráfico”, con previa autorización del poder Judicial. Sólo así se puede proceder en intervención de telecomunicaciones y correspondencia.
Dr. Angélica Pacheco.
Hay formas democráticas para defender la seguridad del Estado. Es lo que separa la civilización de la barbarie. Entonces, ¿Es posible permitirnos como sociedad democrática omitir y dejar dudas legítimas sobre el uso de nuestra información, datos, grabaciones, imágenes? Para los periodistas resulta imposible. Es actuar en principio.
La libertad de expresión es un requisito del bien común. Requiere atención de toda nuestra sociedad. Es un problema público que concierne a todos. La inacción permite desdibujar los límites de nuestros acuerdos sobre convivencia. Colaborar con el olvido, la confusión, la indiferencia sobre estos acontecimientos tiene costos en los valores acordados.
Colocar el interés público como elemento central de la discusión permite aclarar primero que quienes denuncian casos de corrupción requieren mecanismos de seguridad y resguardo garantizados; al mismo tiempo que la investigación periodística es un bien que la sociedad debe cuidar y defender.
Centrar el discurso en la legalidad no resulta suficiente. Impedir el olvido a los resultados de la investigación en curso es defender el derecho a la información como un derecho humano. El caso es de interés público porque está en juego la confianza pública y la decisión (o no) de cuidar nuestra convivencia democrática.