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En el año 2008 nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el año 2010 entra en vigencia la ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Esta ley define accesibilidad universal como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. Seis años más tarde (4 de marzo de 2016) se promulga el Decreto 50 que modifica el Decreto Supremo N° 47 de Vivienda y Urbanismo, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la que establece actualizar las normas regidas en la ley N°20.422. En dicho decreto se indicó una disposición transitoria de 3 años para la regularización en todas aquellas obras construidas entre los años 1994 y 2016, especialmente los edificios de uso público o que presten un servicio a la comunidad.
Felipe Herrera
El plazo venció el pasado mes de marzo y pese a la normativa vigente no se dio cumplimiento. Por una parte, en Chile se crean, se modifican y actualizan leyes, pero, por otro lado, nadie fiscaliza. Un país de contraste, pues somos capaces de celebrar el Día Mundial de la Actividad Física, pero las personas con discapacidad no cuentan con recintos adaptado para ello, así lo deja en evidencia el estudio realizado por alumnos de la carrera de Kinesiología de la Universidad Viña del Mar. La investigación abordó las 20 comunas más pobladas de la Región de Valparaíso y los resultados fueron abismantes, pues tan sólo un gimnasio municipal alcanzó el 58% de accesibilidad, este dato fue recogido gracias a la aplicación de la ficha IDA del Senadis. Estudio que deja al descubierto la falta de entes fiscalizadores que velen por el cumplimiento de las leyes para llevar a cabo una inclusión efectiva.