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El Estado, los pueblos originarios y las luchas por el reconocimiento

Universidad Viña del Mar
27 de Junio de 2017

Nelson Castro, Jefe de Carrera de Pedagogía en Historia de la UVM, expresa su opinión en el marco del Día Nacional de los Pueblos Indígenas


De acuerdo con el Censo de 2002, el 4,6% de la población nacional y el 2,7% de la población de la región de Valparaíso indicó pertenecer a un pueblo indígena. En 1992, al utilizarse como criterio la auto-identificación étnica, el número fue más alto. Sin embargo, más allá del criterio censal, estas mediciones permitieron respaldar políticas de estado que buscaban asegurar y promover el reconocimiento de los pueblos originarios. Una tarea no fácil: el debate que suscitó el proyecto de Ley Indígena, aprobado en 1993, fue una muestra patente de que había fuertes intereses en disputa. Esta discusión dejó entrever la escasa aceptación de que gozaba la cultura democrática en algunos sectores del país, particularmente  en la necesidad de reconocer y resguardar los derechos de las minorías. Además, advirtió de los límites del liberalismo político tradicional para pensar una comunidad política que incorporara los derechos colectivos de los pueblos originarios, lo que asimismo ponía en tensión el monolitismo identitario del estado-nacional chileno.

Aun en ausencia de un consenso profundo, Chile culminó con una ley tendiente a resguardar y promover los derechos culturales de estos pueblos. Sin embargo, diversos informes de relatores de la ONU han recomendado introducir cambios en la legislación nacional, ajustándolos a marcos regulatorios internacionales. Es así como en 2003, el relator especial recomendó la ratificación del Convenio 169 de la OIT y otras convenciones internacionales, para garantizar “los derechos humanos de los pueblos indígenas”, particularmente en aquellas situaciones en que las disposiciones legales nacionales entraban en conflicto con la regulación internacional y cuando los intereses comerciales y económicos privados tenían prioridad por sobre la protección de los derechos humanos de estos pueblos. Asimismo, este informe señaló que los actos relacionados con la lucha social por la tierra no podían ser homologados ni catalogados como “amenaza terrorista”  o “asociación delictiva”.

Por tanto, si bien el estado chileno ha avanzado en el aseguramiento de los derechos culturales de los pueblos indígenas, este reconocimiento cultural ha resultado insuficiente, pues obliteró la dimensión política de las luchas sociales de estos pueblos. Se trata de ir más allá de los límites del liberalismo político y de reconocer los derechos colectivos de los pueblos originarios, realidad que se descuida cuando se homologa su lucha social y política con acciones terroristas.

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